BLOG - Seguridad Integral En Ecuador (2008 - 2025): Brechas Del SSPE y Modelo De Gestión De Crisis
Crnl. de EMC. (S.P.)
Socio Activo ASOFICOM
Doctor en Ciencias Militares por el Instituto Meira Mattos, Escuela de Comando y Estado-Mayor del Ejército de Brasil, fue Director de la Academia de Defensa Militar Conjunta ADEMIC y Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
Seguridad Integral En Ecuador (2008 – 2025): Brechas Del SSPE y Modelo De Gestión De Crisis
** Resumen editorial para el BLOG – ASOFICOM **
Artículo Resumido por Jorge Alava F. apoyado por ChatGPT 5.0 publicado por Jorge Alava -Web Master- Información tomada de https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/revista-ademic/es/index Volumen 6 Número 1 – Agosto 2025, pág. 138
¿Por qué un país que adoptó constitucionalmente un enfoque de “seguridad integral” continúa mostrando dificultades para anticipar, coordinar y gestionar amenazas que desbordan las competencias de una sola institución?
Esta es, en esencia, la interrogante que recorre el estudio de Roberto Jiménez Villarreal. El artículo no se limita a describir la crisis de seguridad ecuatoriana: examina la arquitectura del Sistema de Seguridad Pública y del Estado (SSPE), identifica las brechas que separan su diseño normativo de su funcionamiento efectivo y plantea un modelo para conducir crisis complejas de manera integral, sostenida y con capacidad de aprendizaje.
De la seguridad integral declarada a la seguridad integral efectiva
El punto de partida del análisis es la transformación del concepto de seguridad en Ecuador a partir de la Constitución de 2008. El enfoque integral pretendió superar una visión restringida de la seguridad, asociada exclusivamente a la defensa militar o al orden público, para comprenderla como una responsabilidad estatal más amplia. En esta concepción deben articularse, entre otros ámbitos, la defensa, la seguridad ciudadana, la gestión penitenciaria, la gestión de riesgos y otras capacidades públicas orientadas a proteger simultáneamente a las personas, al Estado y al medioambiente.
Sin embargo, el autor encuentra una diferencia sustancial entre la formulación del paradigma y su materialización. La persistencia de violencia y criminalidad, las crisis penitenciarias, las tensiones en zonas fronterizas y la exposición del país a fenómenos naturales y otras amenazas muestran que disponer de normas e instituciones no equivale necesariamente a contar con un sistema capaz de actuar de forma integrada. De allí surge una de las tesis centrales del artículo: en la práctica, la seguridad integral ecuatoriana ha funcionado en buena medida como un marco declarativo, pero todavía no como un verdadero régimen de conducción político-estratégica.
Para sustentar esta afirmación, el estudio utiliza un enfoque cualitativo que combina análisis documental y reconstrucción analítica de procesos. Examina instrumentos normativos y de planificación, literatura especializada y fuentes oficiales y técnicas, con información empírica hasta el 31 de diciembre de 2025. Como caso de máxima exigencia para observar al SSPE en funcionamiento, selecciona la conflictividad vinculada al crimen organizado transnacional y la trayectoria que condujo al reconocimiento, en enero de 2024, de la existencia de un Conflicto Armado No Internacional (CANI).
El crimen organizado como prueba de estrés del sistema
El crimen organizado transnacional resulta especialmente útil como caso ilustrativo porque obliga a intervenir simultáneamente a múltiples componentes del Estado. No se trata únicamente de delincuencia que pueda ser enfrentada mediante operaciones policiales o militares. El fenómeno incorpora economías ilícitas, lavado de activos, penetración y corrupción institucional, control o influencia sobre espacios penitenciarios, utilización de tecnologías y redes transnacionales, violencia territorial y capacidad de adaptación. Por ello, la respuesta exige inteligencia, justicia, control financiero, seguridad interna, defensa, gestión penitenciaria, cooperación internacional, capacidades tecnológicas y conducción política articuladas.
El análisis conduce al autor a identificar cuatro mecanismos causales que ayudan a explicar las limitaciones observadas: un vacío de conducción estratégica; la ausencia de una estructura del SSPE plenamente organizada bajo un enfoque integral; la falta de un proceso institucionalizado de gestión de crisis; y una política nacional que puede resultar inadecuada o desfasada frente a la velocidad con que evolucionan los riesgos y amenazas. La importancia de este diagnóstico radica en que desplaza la discusión desde la pregunta “¿qué institución falló?” hacia otra más profunda: “¿cómo está diseñado, dirigido y articulado el sistema que debe hacer que todas las instituciones actúen como un conjunto?”
Siete brechas que limitan la eficacia del SSPE
Uno de los aportes más concretos del artículo es la sistematización de siete brechas estructurales y operativas. Estas no son simples indicadores negativos — como homicidios, masacres penitenciarias o casos de corrupción—, sino diferencias entre lo que un enfoque integral debería producir y lo que el sistema efectivamente consigue.
- Conducción político-estratégica. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) posee capacidad formal de integración, pero una activación intermitente dificulta una conducción sostenida. Sin dirección político-estratégica permanente, la respuesta puede volverse reactiva y concentrarse en controlar la manifestación inmediata de la crisis en lugar de conducir integralmente sus causas y efectos.
- Instrumento de política inadecuado o desfasado. La Política Nacional de Seguridad debe evolucionar al ritmo de amenazas como el crimen organizado, la corrupción, las ciberamenazas, la desinformación, las crisis energéticas y los desastres naturales. Debe definir prioridades, responsabilidades y métricas verificables, no limitarse a una formulación amplia del problema.
- Coordinación inter agencial y multinivel. La persistencia de respuestas sectoriales, duplicación de esfuerzos y divergencia de prioridades reduce la capacidad de actuación conjunta. La seguridad integral demanda articulación permanente entre instituciones civiles y militares, distintos niveles de gobierno, sector privado y ciudadanía.
- Gestión integral de crisis. El sistema requiere mecanismos institucionalizados que no nazcan improvisadamente cuando la crisis ya se ha producido: alerta temprana, órganos de situación, procedimientos comunes, ejercicios periódicos y capacidad de coordinación.
- Integridad institucional. La corrupción y la penetración de estructuras criminales pueden degradar desde dentro cualquier capacidad operativa. Por ello, el blindaje anticorrupción y la recuperación de espacios sometidos a gobernanza criminal son componentes centrales de la seguridad, no asuntos administrativos periféricos.
- Capacidad financiero-institucional. Combatir organizaciones criminales requiere afectar sus recursos y circuitos económicos. El seguimiento patrimonial, la lucha contra el lavado de activos y la cooperación entre organismos financieros, judiciales y de seguridad son parte inseparable de la respuesta estratégica.
- Brecha tecnológica y cognitiva. La velocidad y adaptabilidad de las amenazas contemporáneas exige ciberseguridad, integración de inteligencia, gestión del conocimiento, cooperación público-privada y aprovechamiento de nuevas tecnologías. El desafío no es únicamente poseer tecnología, sino transformar datos e información dispersa en conocimiento útil para anticipar y decidir.
APPRRA: gestionar la crisis antes, durante y después
El componente propositivo del artículo adquiere especial interés con el ciclo APPRRA: Anticipación, Prevención, Preparación, Respuesta, Recuperación y Aprendizaje. El modelo amplía los esquemas clásicos de gestión de emergencias y busca adaptarlos a riesgos emergentes, transversales y de alta incertidumbre. Su lógica es sencilla pero estratégica: una crisis no empieza cuando se produce el evento crítico ni termina cuando disminuye la violencia; debe gestionarse como un ciclo continuo.
- Anticipación: identificar amenazas antes de que se conviertan en crisis. El autor propone alerta temprana basada en indicadores, integración de información mediante gestión del conocimiento e inteligencia artificial, y ejercicios de prospectiva que exploren escenarios posibles en horizontes de cinco a quince años.
- Prevención: actuar sobre los riesgos detectados para reducir su probabilidad de materialización. Esto supone controles específicos, cooperación interinstitucional, participación de una ciudadanía informada y actualización dinámica de la política de seguridad.
- Preparación: desarrollar capacidades modulares, protocolos, entrenamiento y coordinación antes de que ocurra la emergencia. El énfasis está en prepararse para una combinación de riesgos, no únicamente para repetir la respuesta utilizada en la última crisis.
- Respuesta: activar la conducción y las capacidades disponibles de forma coordinada cuando la crisis se materializa, evitando que cada organismo actúe de manera aislada y procurando coherencia entre los niveles político, estratégico y operativo.
- Recuperación: restablecer condiciones de funcionamiento y seguridad, pero también intervenir sobre vulnerabilidades que podrían reproducir la crisis. Recuperar no significa simplemente retornar al estado anterior si ese estado contenía las condiciones que permitieron el problema.
- Aprendizaje: convertir la experiencia en conocimiento institucional. Los informes posteriores a la acción y la evaluación sistemática deben retroalimentar políticas, procedimientos, capacidades, entrenamiento y futuros mecanismos de anticipación.
Una propuesta que trasciende el crimen organizado
Aunque el crimen organizado transnacional es el caso utilizado para hacer visibles las deficiencias del sistema, el alcance de la propuesta es mayor. Las mismas exigencias de conducción, coordinación, anticipación, integridad y aprendizaje son aplicables frente a desastres naturales, ciber amenazas, contingencias interestatales y otras crisis complejas. El SSPE, por tanto, debería ser capaz de priorizar dinámicamente riesgos diferentes y de sostener capacidades modulares que permitan responder a una crisis sin abandonar otras vulnerabilidades estratégicas, incluidas las fronterizas, marítimas y aéreas.
El autor resume el camino de reforma en cuatro ajustes interdependientes: reactivar una conducción integral y sostenida; adecuar la Política Nacional de Seguridad a los riesgos contemporáneos; institucionalizar la gestión de crisis; y fortalecer la integridad institucional. Estos componentes se refuerzan mutuamente: la coordinación necesita conducción; la gestión de crisis necesita un instrumento de política coherente; y las capacidades operativas pierden eficacia cuando la corrupción o la infiltración criminal deterioran las instituciones.
Esta lectura resulta particularmente relevante para profesionales de las Fuerzas Armadas, seguridad, defensa, inteligencia, comunicaciones y gestión pública. El estudio invita a mirar la seguridad nacional como un sistema de sistemas: la eficacia de cada institución importa, pero también importa —y mucho— la arquitectura que permite convertir capacidades dispersas en una respuesta estatal coherente.
La idea que deja abierta el artículo
El mensaje final es exigente: el éxito de un paradigma de seguridad no debe medirse por la calidad de su formulación normativa, sino por su capacidad de producir resultados cuando el Estado enfrenta amenazas reales. Para Jiménez Villarreal, el desafío ecuatoriano consiste en pasar de la declaración de la seguridad integral a su práctica efectiva mediante conducción político-estratégica sostenida y la implementación completa del ciclo APPRRA.
El artículo reconoce, además, límites de investigación —entre ellos el acceso restringido a información clasificada y el hecho de utilizar una crisis particularmente severa como caso ilustrativo—, pero precisamente por ello abre nuevas preguntas: cómo evaluar comparativamente otros países latinoamericanos, cómo incorporar mejor la dimensión tecnológica y cognitiva de las amenazas y qué efectos tendrán las reformas normativas recientes sobre las brechas identificadas.
Para el lector de ASOFICOM, el valor del trabajo está tanto en el diagnóstico como en la propuesta. Más que presentar una explicación cerrada de la crisis de seguridad, ofrece una estructura para pensarla: ¿quién conduce?, ¿con qué política?, ¿cómo se coordinan las instituciones?, ¿cómo se anticipan las amenazas?, ¿cómo se protege la integridad del propio Estado?, ¿cómo se aprende después de cada crisis? Las respuestas desarrolladas por el autor justifican acudir al artículo original, donde estas brechas, mecanismos y propuestas se sustentan con mayor detalle, tablas, fuentes y una arquitectura conceptual que aporta al debate contemporáneo sobre seguridad y defensa en el Ecuador.
Artículo Resumido por Jorge Alava F. apoyado por ChatGPT 5.0 publicado por Jorge Alava -Web Master- Información tomada de https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/revista-ademic/es/index Volumen 6 Número 1 – Agosto 2025, pág. 138
¿Quién Decide en Contextos De Inseguridad?: Decisión Soberana y Estado de Excepción Desde La Perspectiva de Carl Schmitt
** Introducción al Artículo para el BLOG – ASOFICOM **
Autor Roberto Jiménez Villareal, publicado por Jorge Alava -Web Master- Extracto tomado de https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/revista-ademic/es/index Volumen 6 Número 1 – Agosto 2025, pág. 138
Resumen / Abstract
Este artículo analiza el Sistema de Seguridad Pública y del Estado (SSPE) ecuatoriano como arquitectura institucional concebida para priorizar y gestionar el conjunto de riesgos y amenazas en constante evolución que enfrenta el país. Mediante un diseño cualitativo de análisis documental y reconstrucción analítica de proceso, se identifican brechas estructurales del SSPE y se propone una arquitectura institucional y un modelo de gestión de crisis basado en el ciclo de Anticipación, Prevención, Preparación, Respuesta, Recuperación y Aprendizaje (APPRRA). Como caso ilustrativo se elige la conflictividad interna asociada al crimen organizado transnacional, por ser la amenaza que actualmente se encuentra en fase de crisis declarada tras reconocerse la existencia de un Conflicto Armado No Internacional. Los hallazgos sostienen que la seguridad integral opera en la práctica más como marco declarativo que como régimen efectivo de conducción político-estratégica, y que cerrar las brechas identificadas exige activar la conducción integral, adecuar la Política Nacional de Seguridad, institucionalizar la gestión de crisis y fortalecer la integridad institucional.
Introducción
La seguridad nacional contemporánea se caracteriza por una creciente complejidad y por la constante evolución de los riesgos y las amenazas que enfrentan los Estados, ya sea por acciones de actores estatales y no estatales hostiles o por fenómenos naturales o antrópicos (Buzan & Hansen, 2009). Riesgos diversos como el conflicto armado interestatal o interno, el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción, las emergencias y catástrofes naturales, la conmoción social, las campañas de desinformación, la crisis energética, los flujos migratorios irregulares, el contrabando, la minería ilegal, las ciber amenazas y las violaciones a la soberanía marítima o aérea configuran un mapa de inseguridad en el que ninguna institución, actuando de manera aislada, dispone de capacidades suficientes para gestionarlos eficazmente. Frente a este panorama, los Estados disponen de un margen significativo de acción, individual o cooperativo, para reducir la probabilidad de ocurrencia y mitigar el impacto de las amenazas (Jiménez, 2023), siempre y cuando el sistema de seguridad esté diseñado para priorizar dinámicamente el conjunto de riesgos y gestionar las crisis derivadas de cualquiera de ellos.
En este marco, cobra relevancia el paradigma de la seguridad integral, incorporado como deber del Estado en la Constitución de la República del Ecuador (CRE) vigente desde 2008 y desarrollado mediante la Ley de Seguridad Pública y del Estado (LSPE) de 2009 y posteriores instrumentos de planificación. La seguridad integral, en su formulación, propone superar los enfoques restringidos a la defensa militar o al orden público, articulando de forma interinstitucional y multinivel la defensa, la seguridad ciudadana, la gestión penitenciaria, la gestión integral de riesgos y otros ámbitos transversales con el fin de proteger a las personas, al Estado y al medioambiente (LSPE, 2009). Pese a la adopción formal del enfoque, la respuesta del SSPE frente a las distintas amenazas evidencia resultados limitados (InSight Crime, 2025; Pontón, 2022): la persistencia de indicadores de violencia y criminalidad, las masacres carcelarias, las tensiones fronterizas con Colombia y los efectos crecientes de sequías e inundaciones sugieren brechas significativas entre el diseño del sistema y su eficacia operativa (Álvarez, 2024; Rivera Rhon, 2026).
Este artículo se propone responder la siguiente pregunta de investigación: ¿qué brechas de diseño e implementación explican la limitada efectividad del paradigma de seguridad integral en Ecuador y qué ajustes institucionales son necesarios para cerrarlas? El objetivo general es identificar y caracterizar las brechas estructurales y operativas del SSPE como sistema diseñado para priorizar y gestionar la totalidad de riesgos y amenazas, así como proponer una arquitectura institucional y un modelo de gestión de crisis acordes con la definición operativa del enfoque integral. Para observar el sistema en operación frente a una crisis efectiva se selecciona, como caso ilustrativo, la conflictividad interna asociada al crimen organizado transnacional.
El artículo se organiza en siete secciones además de esta introducción y las consideraciones finales. La segunda sección describe la metodología; la tercera reconstruye el paradigma de seguridad integral entre 2008 y 2025 e instala la definición operativa que sirve de lente analítico; la cuarta examina la conflictividad interna 2021–2025 como caso ilustrativo y caracteriza las demandas que la quinta ola del crimen organizado impone al sistema; la quinta sistematiza la tipología de brechas estructurales; la sexta propone las consideraciones básicas para un enfoque del sistema integral, categorización de riesgos y arquitectura institucional; y la séptima desarrolla el modelo de gestión de crisis bajo el ciclo APPRRA.
Autor Roberto Jiménez Villareal, publicado por Jorge Alava -Web Master- Extracto tomado de https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/revista-ademic/es/index Volumen 6 Número 1 – Agosto 2025, pág. 138
